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La Cuestión Social
Año 23, n. 3
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La Cuestión Social
Año 23, n. 3
gobernador, Fausto Vallejo Figue-
roa, quien reconocía la tibieza con
la que se había actuado hasta el mo-
mento: “Quiero dejar claro que he-
mos sido muy prudentes, que por
no violentar la vida en esa comuni-
dad [Nueva Jerusalén] hemos sido
tolerantes, pero que no confundan
tolerancia con debilidad; actuare-
mos y yo les pido a las personas que
conducen espiritualmente esa co-
munidad que actúen para pacificar
esa situación; si no, con todo respe-
to, tendremos que actuar conforme
a la ley”.
20
Para justificar la lentitud
en la investigación, el gobernador
aseguró en otra declaración que la
tardanza del proceso tuvo la finali-
dad de integrar bien la averiguación
previa y evitar que los responsables
salieran pronto de la cárcel. Afirmó,
contradictoriamente, que pese a
existir videos y denuncias, “al prin-
cipio era muy vaga la información”.
21
Días después, los grupos antagóni-
cos de la Nueva Jerusalén acordaron
un pacto de respeto y no agresión
ante el Secretario de Gobierno de
Michoacán, Jesús Reyna García, en el
que también estuvo presente el edil
de Turicato, Salvador Barrera Me-
drano. A la reunión privada, celebra-
da en palacio de gobierno, acudieron
líderes religiosos de La Ermita y el
encargado del orden, Cruz Cárdenas
—quien posteriormente sería apre-
20
Ernesto Martínez Elorriaga, “Se recru-
dece el conflicto en la comunidad Nue-
va Jerusalén; impiden regreso a clases”,
La Jornada, 21 de agosto de 2012, p. 9.
21
Ernesto Martínez Elorriaga, “A fondo,
indagatoria sobre la Nueva Jerusalén:
Fausto Vallejo”, La Jornada, 13 de sep-
tiembre de 2012, p. 46.
sado—, mientras que por los padres
afectados asistió Emiliano Juárez. El
19 de octubre de 2012, casi tres me-
ses después del altercado, Cruz Cár-
denas Salgado fue detenido y puesto
en prisión en el penal de Mil Cum-
bres, acusado de ser autor intelectual
de la destrucción de la escuela Vicen-
te Guerrero, de acuerdo a informa-
ción de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Michoacán.
Jesús Reyna, por su parte, expuso
en diversas declaraciones las dificul-
tades de mediar entre ambas partes:
“lamentablemente las propuestas de
los dos grupos en conflicto de Nueva
Jerusalén son cerradas, porque el pro-
blema de fondo no es la escuela sino
la convivencia y queremos establecer
reglas que armonicen la vida de unos
y de otros, todos los días, los 365 días
del año”.
22
En otra declaración, mani-
festaba que el gobierno no atendería
caprichos de nadie “ni de los disiden-
tes, ni del grupo tradicional” mientras
ratificaba la imparcialidad del procedi-
miento “no tenemos ningún trato, nin-
gún arreglo, el gobernador lo dijo y yo
lo sostengo que no hay ninguna nego-
ciación en cuanto a responsabilidades
de quienes destruyeron las escuelas”.
23
Al igual que el gobernador, bajo
la visión del Secretario de Gobier-
no, el estado debía fungir como
ente neutro y no tomar partido
por ninguno de los dos bandos,
22
Ernesto Martínez, “Padres de Nueva
Jerusalén aseguran tener un terreno
para reconstrucción de escuela”, La
Jornada, 6 de octubre de 2012, p. 28.
23
Jaqueline Coatecatl, “Inician proceso
penal en Nueva Jerusalén”, La Razón, 11
de septiembre de 2012.
como si “los laicos” estuviesen de
alguna manera involucrados en
las agresiones o fuesen también
responsables de la destrucción de
la escuela. Los hechos, sin embar-
go, contrariaban esta perspectiva,
pues la agresión y las amenazas
se efectuaron de manera unilate-
ral por el grupo de La Ermita. La
única exigencia de “los laicos” era
que se hiciera valer la ley en con-
tra de quien resultara culpable y
la reconstrucción de su escuela
—petición respaldada por la Co-
misión Nacional de los Derechos
Humanos— dentro de un con-
junto de siete medidas cautelares
para la resolución del conflicto.
Postura similar a la del gobierno de
Michoacán, fue adoptada por el titular
de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), José Ángel Córdova Villalobos.
A la vez que respaldaba la iniciativa
del gobierno michoacano por reubi-
car a los estudiantes en una escue-
la aledaña, ofreciendo servicios de
transportación por parte de la secre-
taría para los 240 alumnos, se desen-
tendía de cualquier responsabilidad
argumentando que era un asunto me-
ramente local, fuera del ámbito de su
competencia, “les recuerdo que está
descentralizada la educación”,
24
aun
cuando la primaria Vicente Guerrero,
con clave escolar 16DPR5298E, fuese
una escuela federal.
Posteriormente, el grupo de disi-
dentes laicos recibiría el apoyo de la
Coordinadora Nacional de Trabaja-
24
Claudio Bañuelos, “La SEP no interven-
drá en Nueva Jerusalén: Córdova”, La
Jornada, 1 de septiembre de 2012, p. 46.
dores de la Educación (CNTE). El 6 de
septiembre, 300 integrantes de este
sindicato, procedentes de diversas
regiones de Michoacán, llegaron en
caravana a Nueva Jerusalén y se con-
gregaron en la entrada de La Ermita,
donde celebraron un mitin al que asis-
tieron 400 personas de los disidentes.
Ante las demandas de los afecta-
dos y el involucramiento de nuevos
actores, la solución planteada por la
Secretaría de Educación del estado,
fue que los hijos de los habitantes
laicos de nueva Jerusalén asistieran
a la escuela José María Morelos, ubi-
cada en la población vecina de La
Injertada, comprometiéndose a ase-
gurar su integridad. La propuesta
recibió el respaldo de la Secretaría
de Gobernación, a través del subse-
cretario Obdulio Ávila. Sin embargo,
los padres de familia del grupo laico
resistieron con inconformidad la re-
ubicación, no sólo porque los niños
tenían que caminar más de un kiló-
metro desde Nueva Jerusalén para
llegar a la escuela asignada, sino
porque consideraban que no tenían
obligación de moverse a otra comu-
nidad para estudiar: “Aquí nacieron
nuestros hijos, nosotros con nues-
tras faenas construimos parte de
lo que está edificado, y lo único que
pedimos es que nos respeten y que
dejen que se construya la escuela en
el lugar donde estaba”.
25
El también representante de los
disidentes, Hermeregildo Zeferino
25
Ernesto Martínez Elorriaga, “Llega la
CNTE a Nueva Jerusalén en apoyo de los
maestros amenazados desde 2007”, La
Jornada, 7 de septiembre de 2012, p. 41.